El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, defendió este 1 de noviembre el alquiler del edificio Impala, sede del alto tribunal, y calificó de falsas las críticas sobre la ocupación del inmueble y el costo del arrendamiento. En una entrevista con
No sé si la gente lo que quiere es que la Sala Constitucional sesione allá en el kiosco del Parque Nacional, pero nosotros requerimos condiciones y nuestro personal requiere condiciones especiales, no diferentes a las que tienen otras instituciones, para poder cumplir y poder sacar adelante una tarea que en este año va a representar más de 45.000 sentencias que se van a dictar por parte de la Sala Constitucional, afirmó el alto juez.
El contrato de arrendamiento, firmado con Direct Communication S. A., arrendadora del edificio Impala, tiene una duración de 12 años. Inicialmente el canon mensual era de $102.000, pero con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 3 de diciembre de 2018, el monto subió a $115.567, con la inclusión del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Incremento avalado por el Consejo Superior
En 2023, la propietaria del inmueble planteó una solicitud de revisión del precio. Tras un análisis del valor de mercado y una valoración técnica de la Sección de Arquitectura e Ingeniería, el Consejo Superior avaló un incremento hasta los $122.497 mensuales que se pagan actualmente, según explicó Castillo. Ese aumento fue de $15.977 menos que el pretendido por la empresa arrendadora.
Una parte de ese monto la cancela la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo), que ocupa el segundo piso del edificio. Al contrato actual le quedan dos años y medio de vigencia.
Un edificio propio para la justicia constitucional
Castillo enfatizó que la Sala Constitucional es la única jurisdicción de toda la Corte Suprema de Justicia que no tiene edificio propio, pese a contar con 37 años de existencia. Antes de la sede arrendada, el tribunal funcionaba en instalaciones de la Corte y recibió dos órdenes del Ministerio de Salud, sanitarias y de salud ocupacional, por hacinamiento de los trabajadores.
Esperamos en Dios que en setiembre del año 2029 la Sala esté en un edificio propio, porque no resulta justo para la justicia constitucional que tengamos casi ya 37 años de existencia, señaló el magistrado.
El nuevo edificio se levantará en un lote diagonal a la sede de la Corte, tendrá un costo aproximado de $30 millones y será amigable con el ambiente. El financiamiento está asegurado, con independencia de los recortes que el Ministerio de Hacienda pretende aplicarle al Poder Judicial en 2026 y 2027. El diseño incluye previsiones para una eventual expansión de la jurisdicción.
Modelo híbrido y digitalización del tribunal
El otro blanco de críticas ha sido la ocupación de la sede. Castillo sostuvo que, tras el estado de emergencia nacional por la COVID-19, se mantuvo un modelo híbrido en el que parte del personal labora de forma presencial y virtual.
El modelo híbrido básicamente es que las personas están cuatro días teletrabajando y tienen que venir un día a la Sala Constitucional. El modelo que nosotros tenemos, precisamente, de un tribunal totalmente digitalizado, permite aplicar ese modelo, explicó.
El magistrado rechazó que la ocupación del edificio sea del 20%, aunque reconoció que se realizan estudios para determinar si es posible ubicar un tribunal en el inmueble para sacarle provecho. Además de los funcionarios, el edificio alberga los equipos de cómputo que dan soporte a la digitalización total del tribunal.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto paga la Sala Constitucional por el alquiler de su sede?
Actualmente paga $122.497 mensuales a Direct Communication S. A., arrendadora del edificio Impala, tras un incremento avalado en 2023 por el Consejo Superior del Poder Judicial. Parte del monto lo cubre la Junafo, que ocupa el segundo piso.
¿Cuándo tendría la Sala IV un edificio propio?
Para setiembre de 2029, según la expectativa del magistrado Fernando Castillo. El proyecto, con un costo estimado de $30 millones, se levantará en un lote diagonal a la sede de la Corte y su financiamiento está asegurado.
¿Por qué se ha criticado el contrato de arrendamiento?
Críticas desde la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa cuestionan la razonabilidad del canon y la baja ocupación del edificio. Castillo calificó esas afirmaciones de falsas y defendió el modelo híbrido de trabajo del tribunal.