Nueva Alianza Ambiental Desafía Proyecto Minero en Crucitas y Propone Desarrollo Sostenible

Organizaciones civiles se unen para proteger ecosistema estratégico

Un conjunto de organizaciones ambientales y juveniles costarricenses anunció la formación de la Alianza Siembra Futuro, una coalición que busca impedir el retorno de la minería a cielo abierto en Crucitas y promover alternativas de desarrollo sostenible para la región norte del país.

Respuesta a iniciativa legislativa controversial

La alianza surge como respuesta al Proyecto de Ley 24.717, actualmente en discusión en la Comisión de Alajuela, que pretende modificar el Código de Minería para permitir la explotación metálica en Crucitas. Esta iniciativa ha generado preocupación entre expertos y ambientalistas por sus potenciales impactos negativos.

"El proyecto legaliza una actividad prohibida en Costa Rica desde hace más de una década y abre las puertas a impactos irreversibles en uno de los ecosistemas más frágiles del país"

Propuesta alternativa para el desarrollo regional

Como contrapropuesta, la alianza impulsa el proyecto de ley Expediente Nº 24.675, que plantea la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte. Esta iniciativa innovadora se centra en:

• Restauración de ecosistemas
• Fomento de emprendimientos comunitarios
• Promoción del ecoturismo
• Capacitación técnica local
• Implementación de tecnologías limpias

Compromiso con la identidad ambiental de Costa Rica

La coalición, que ya cuenta con el respaldo de cerca de 50 organizaciones, enfatiza que la propuesta minera contradice el liderazgo ambiental histórico de Costa Rica y su compromiso con la sostenibilidad.

El movimiento propone capitalizar los activos ambientales mediante mecanismos innovadores de digitalización, evitando la extracción física de recursos y garantizando la preservación del ecosistema para futuras generaciones.

Llamado a la acción colectiva

La Alianza Siembra Futuro hace un llamado a diversos sectores de la sociedad costarricense para unirse en la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y participativo, que respete tanto los derechos ambientales como las necesidades de desarrollo económico local.