Crisis ambiental y social: 87 familias enfrentan desalojo en área protegida fronteriza
Una controversial orden de desalojo amenaza a 87 familias en Chorreras, San Carlos, exponiendo el conflicto entre la conservación ambiental y los derechos habitacionales. La medida, emitida por el SINAC, busca proteger un área silvestre fronteriza mientras enfrenta la resistencia de residentes históricos.
Comunidad de Chorreras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, donde 87 familias enfrentan orden de desalojo
Conflicto entre conservación y derechos habitacionales en Chorreras
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha emitido una orden de desalojo que afecta a 87 familias residentes en la comunidad de Chorreras, Cutris de San Carlos, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte.
Fundamentos legales y ambientales de la medida
La decisión se sustenta en resoluciones judiciales del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, bajo el expediente nº 25‑000857‑306‑PE, que señala la presencia de asentamientos irregulares en una zona de alta sensibilidad ecológica.
"Hay situaciones que se salen de contexto; pero no es que eso nos salpique a todos... creo que hay casos individuales y el SINAC tiene que ver si se ordena, pero no que eso nos salpique a todos", expresan los residentes afectados.
Impacto ambiental documentado
- Deforestación de aproximadamente 20 hectáreas
- Contaminación de mantos acuíferos
- Presión sobre ecosistemas y fauna silvestre local
- Actividades irregulares de procesamiento mineral
Proceso legal y plazos establecidos
Las autoridades han otorgado un plazo de un mes para el desalojo voluntario, iniciando desde la notificación oficial el 17 de julio. La intervención cuenta con el respaldo de múltiples instituciones estatales, incluyendo la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras.
Perspectivas de resolución
Este caso evidencia la compleja intersección entre la preservación ambiental y los derechos humanos fundamentales. Los residentes han anunciado que presentarán recursos legales de apelación, mientras las autoridades mantienen su posición sobre la necesidad de proteger el área de conservación.
La situación demanda un abordaje integral que considere tanto la preservación del patrimonio natural como las necesidades sociales de las familias afectadas, en línea con los principios de desarrollo sostenible que caracterizan a Costa Rica.