El fiscal general de la República, Carlo Díaz, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, constataron este viernes indicios de tortura, abuso de autoridad y violaciones de derechos humanos en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en San Rafael de Alajuela, durante una inspección sorpresiva realizada conjuntamente por la Fiscalía, la Defensoría, la Defensa Pública y jueces de Ejecución de la Pena.
La visita, realizada sin aviso previo al Ministerio de Justicia y Paz, respondió a las denuncias acumuladas sobre agresiones contra privados de libertad y carencias graves de servicios médicos y educativos en el centro penitenciario inaugurado el 14 de octubre por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra Laura Fernández.
Qué encontraron las autoridades en el centro de máxima contención
Según reportó Semanario Universidad, el fiscal general resumió los hallazgos con una frase contundente durante la inspección.
“Pudimos constatar que efectivamente se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y algunas situaciones también de abuso de autoridad y de tortura”, declaró Díaz.
La defensora Angie Cruickshank explicó que la delegación conversó con personas privadas de libertad, personal técnico, policial y autoridades de adaptación social. Destacó tres situaciones que, por su gravedad, merecen mención inmediata.
La primera es la denuncia de agresiones sistemáticas. Los recluidos señalaron ser golpeados por “una escuadra específica de agentes policiales del centro, quienes ingresan a los dormitorios en determinado momento para golpearlos”, declaró Cruickshank, quien añadió que los inspectores observaron “a algunas personas con lesiones en diferentes partes de su cuerpo”.
La segunda es la atención médica. Varios pacientes crónicos y personas con patologías como cáncer dijeron no haber sido valorados ni contar con tratamiento. De hecho, como confirmó CR Hoy, el propio fiscal general señaló que los internos relatan que solo hay un médico para 1.020 personas y que, a la fecha de la visita, ese médico ni siquiera se había presentado.
“Muchos se encuentran en condiciones infrahumanas de acuerdo a sus necesidades médicas”, afirmó Díaz.
La tercera es el aislamiento. Los privados de libertad indicaron que ya no tienen derecho a educación, ni oportunidades laborales, ni contacto con el exterior. Las llamadas están limitadas a 10 minutos por semana, divididos entre tres números asignados previamente que, según los recluidos, ni siquiera funcionan. Tampoco pueden enviar recados escritos. Además, la Defensoría constató la ausencia de mecanismos para que la población penal presente quejas ante esa institución.
Personas que no cumplen el perfil del centro
Díaz señaló un dato adicional que cuestiona la gestión del centro: muchos de los recluidos no cumplen con el perfil de alta contención.
“Relatan que muchos de ellos no cumplen con el perfil para estar en ese centro penal de alta contención, que más bien están prontos a salir, que ya tenían otros procesos ganados y que eso fue obviado”, apuntó el fiscal.
La defensora también recordó a las autoridades penitenciarias la prohibición de cualquier tipo de persecución o represalias contra las personas que fueron entrevistadas por los órganos de control.
Una advertencia que se ignoró
El hallazgo no sorprende a quienes venían alertando. Antes de la inauguración del CACCO, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ya había advertido que el centro “no debe entrar en funcionamiento ya que no se cumplen estas garantías y estándares mínimos”.
La advertencia llegó tras el comportamiento abusivo mostrado por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio, en Puntarenas, según documentó Acontecer.
Aguilar reaccionó a la inspección con un mensaje en mayúsculas en sus redes sociales, en el que acusó al fiscal general y a la Defensoría de montar “un espectáculo mediático” con prensa incluida y sin “previa coordinación” con su ministerio, y preguntó retóricamente si se trataba de “persecución obsesiva y show politiquero”.
La exigencia de coordinación previa con quien será inspeccionado contradice la lógica misma del control. Como recordó Teletica, la inspección fue sorpresiva precisamente por su naturaleza.
La obligación legal de investigar
Sobre la pertinencia de la visita, Díaz fue claro: si alguien menciona que sufre tortura o fue víctima de abuso de autoridad, la Fiscalía está obligada a investigarlo.
“Esa es nuestra función propia”, afirmó, y citó el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece la facultad de todos los fiscales de visitar las cárceles “para verificar que no existan abusos o violaciones a derechos humanos en las mismas”.
Cruickshank explicó que estas inspecciones forman parte del trabajo regular de la Defensoría en establecimientos públicos como escuelas, hospitales y centros penitenciarios, pues su tarea es verificar que el Estado cumpla sus obligaciones legales.
El fiscal observó como paradójico que los privados de libertad pidieran ayuda al Ministerio Público, siendo este el que logró sus condenas. Sin embargo, dijo, ante la “violencia sistemática que están sufriendo”, ven en la Fiscalía una instancia de protección.
“Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola, como el que utiliza mal los recursos públicos, como el que da adjudicaciones de licitaciones a dedo, o como la persona que tortura o abusa de autoridad en contra de privados de libertad”, sostuvo Díaz.
El fiscal concluyó que la inspección permitió corroborar a priori que los hechos denunciados podrían estar sucediendo, aunque las investigaciones deben profundizarse.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CACCO y dónde está ubicado?
El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado es un penal de máxima seguridad ubicado en San Rafael de Alajuela, inaugurado el 14 de octubre por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Justicia, Laura Fernández.
¿Quiénes realizaron la inspección al centro penitenciario?
La Fiscalía General, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensa Pública y jueces de Ejecución de la Pena.
¿Qué denunciaron los privados de libertad?
Agresiones por parte de un grupo específico de agentes, falta de atención médica para pacientes crónicos, ausencia de servicios educativos y laborales, y un régimen de aislamiento que limita las llamadas a 10 minutos semanales.
¿Qué sigue tras la inspección?
La Fiscalía debe ahondar en las investigaciones sobre los posibles delitos de tortura y abuso de autoridad, mientras la Defensoría analiza los elementos recabados durante la visita.
