Defensoría colombiana exige a De la Espriella y al Congreso garantizar derechos de las víctimas del conflicto
A casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Defensoría del Pueblo de Colombia instó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al nuevo Congreso a que los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición ocupen el centro de la política pública. El llamado, difundido el sábado 11 de julio de 2026, se produce tras la publicación del VI Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), que subraya la urgencia de consolidar una paz duradera en el país.
¿Qué dice el informe sobre los avances y desafíos?
El informe, titulado Tejidos para la reparación, reconoce avances importantes, como la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento de personas indemnizadas por violencia sexual, la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades estatales y el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas. También destaca la expedición del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de soluciones duraderas para la población desplazada.
Sin embargo, el documento identifica desafíos persistentes. Entre ellos, la baja implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (Osignh), así como la atención insuficiente a víctimas en el exilio.
¿Por qué la Defensoría alerta sobre la capacidad institucional?
La Defensoría advirtió que la capacidad institucional diseñada hace quince años ha sido superada por la magnitud del conflicto, señalando las limitaciones presupuestarias de la política pública. Como herramienta clave, mencionó la creación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establecida por ley, para explorar alternativas que fortalezcan la respuesta estatal y cumplan los compromisos con las víctimas.
¿Qué exige la Defensoría al nuevo gobierno y al Congreso?
La entidad demandó al próximo gobierno, al Congreso y a todas las instituciones estatales reforzar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y traducir las conclusiones del VI Informe en acciones concretas. “Seguiremos acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz”, cerró la Defensoría en su comunicación.
¿Qué crisis humanitaria se suma al llamado en el Cauca?
El llamado de la Defensoría se suma a una alerta emitida el jueves 10 de julio por una crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. Una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy dejó ocho personas secuestradas y obligó a más de 70 familias a abandonar sus hogares. Cerca de 200 personas se desplazaron hacia la cabecera municipal, y parte de esa población comenzó a llegar al distrito de Buenaventura (Nariño) en busca de protección.
Según la Defensoría, durante la incursión fueron secuestradas inicialmente 40 personas, presuntamente para forzarlas a transportar elementos robados. Horas después, 32 fueron liberadas, pero ocho siguen retenidas. El organismo exigió su liberación inmediata e incondicional y pidió que se respete su vida e integridad. La alerta se concentra en el impacto sobre la población civil del Pacífico caucano, donde persisten amenazas, confinamientos y desplazamientos.
La zona es considerada una de las más críticas del país debido a la presencia de varios grupos armados ilegales, incluyendo las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en Colombia.