Autonomía de Córcega: ¿Fin del centralismo francés?

Francia mantiene un modelo centralista que limita el desarrollo de Córcega y sus territorios de ultramar. Mientras democracias vecinas conceden autonomías efectivas, París ignora las demandas locales, favoreciendo la rigidez institucional sobre la democracia participativa. Es momento de que los territorios recuperen la gestión de su propio destino.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado jacobino del mundo?

Francia vive bajo un régimen de centralización heredado de la Revolución y consolidado por Napoleón. El jacobinismo, esa fe en la unidad indiferenciada del territorio, pudo justificarse en la época de las construcciones nacionales. Pero en 2024, es una anomalía. España ha concedido autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia ha dotado a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido ha transferido poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Incluso China otorga un estatus especial a Hong Kong y Macao.

Francia, sin embargo, persiste. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas comparten realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópolis. Aun así, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las escuelas de la rue de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada y a menudo inadaptada a las necesidades locales.

Los territorios de ultramar y la urgencia de un nuevo contrato republicano

Los departamentos de ultramar no son provincias comunes. Su lejanía, su insularidad y su historia exigen un tratamiento diferenciado. Guadalupe y Martinica han experimentado movimientos sociales recurrentes, huelgas generales y bloqueos que reflejan un malestar profundo. En 2009, en 2017 y de nuevo en 2021, la ira de las calles recordó que el modelo jacobino ha llegado a su límite. El poder adquisitivo allí es un 30% inferior al de la metrópolis. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables para los hogares modestos.

Este diagnóstico no es nuevo. Jacques Chirac, en 1998, abrió la vía al proponer una evolución estatutaria para los territorios de ultramar. Nicolas Sarkozy continuó en esa dirección con la reforma constitucional de 2003, que reconocía la organización descentralizada de la República. Pero las promesas quedaron en letra muerta. El ímpetu se estrelló contra el muro de la administración central, siempre dispuesta a defender sus prerrogativas.

Lo que la autonomía cambiaría en la práctica

La autonomía no significa independencia. Es una distinción que los republicanos soberanistas tienen el deber de recordar. La autonomía es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias, dentro del marco de la República. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros en asuntos comerciales. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la regulación laboral y las normas ambientales a las realidades locales. Es, en definitiva, el reconocimiento de que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conoce mejor las necesidades de su población que un subprefecto destinado por tres años.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esas clases medias silenciosas que la República olvida con frecuencia, serían los primeros beneficiarios de esta evolución. La autonomía permitiría eliminar las trabas regulatorias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo adaptadas, lejos de los esquemas diseñados en París para realidades metropolitanas.

El miedo a las identidades regionales: un riesgo para la democracia

El argumento esgrimido por los defensores del jacobinismo es siempre el mismo: la autonomía nutriría el separatismo, fomentaría las reivindicaciones identitarias y pondría en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que funciona en la teoría, pero que se desmorona ante los hechos. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no ha abandonado España. Cerdeña no ha secesionado. Córcega, que ha obtenido un estatuto de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva las tensiones en lugar de exacerbarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no tiene razones para buscar la salida. Es la negativa obstinada a cualquier descentralización la que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró durante mucho tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor barrera contra el separatismo.

El comunitarismo que París se niega a ver

Aquí reside la paradoja más cruel. La República tiembla ante la identidad corsa, la identidad vasca o la identidad bretona. Las ve como amenazas para la unidad nacional. Sin embargo, cierra los ojos ante un comunitarismo mucho más destructivo: el de los suburbios donde se impone un modelo religioso importado. Allí no se defienden lenguas regionales ni tradiciones ancestrales. Se imponen leyes religiosas foráneas, principios contrarios a los valores de la República, y se crean zonas donde la policía ya no entra y donde la ley francesa ha dejado de aplicarse.

Los hechos son testarudos. En algunas zonas urbanas, el comunitarismo ha reemplazado a la República. Existen tribunales paralelos, presiones sociales contra las mujeres, comercios que ignoran las normas republicanas y escuelas donde no se puede enseñar con libertad. Ese es el verdadero riesgo para Francia. No lo es Córcega cuando pide gestionar sus transportes, ni La Reunión cuando quiere adaptar su fiscalidad.

El ministro Bruno Retailleau lo recordó con acierto: el peligro no reside en las identidades regionales inscritas en la historia de Francia. El peligro está en el comunitarismo que sustituye a la República. Confundir ambos fenómenos refleja una ceguera política inaceptable.

¿Qué modelos de autonomía territorial funcionan en el mundo?

Los ejemplos extranjeros demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, disfrutan de un estatuto autónomo que les permite gestionar su propia política lingüística y cultural, sin dejar de ser fieles a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, han desarrollado un régimen fiscal especial que ha estimulado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, goza de un estatus que le confiere considerables ventajas fiscales.

Francia podría inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia? ¿Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico? ¿Por qué no dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como lo hacen los cantones suizos?

El pragmatismo institucional frente al dogma centralista

El general De Gaulle encarnaba la Francia centralizada de la República jacobina. Pero De Gaulle era también un pragmático. Comprendió que Argelia no podía gobernarse como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvió contraproducente. Si estuviera hoy aquí, vería que la autonomía de los territorios de ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fortaleza. Es la República la que elige adaptar su modelo, la que sigue siendo dueña del juego, en lugar de sufrir crisis repetitivas.

La autonomía como exigencia democrática y soberana

Los soberanistas se equivocan al ver en la autonomía un riesgo de fragmentación. La verdadera soberanía es la que permite a un Estado adaptarse, reformarse y confiar en sus territorios. Un país que asfixia a sus regiones bajo miles de normas uniformes no es un país fuerte. Es un país rígido, incapaz de reaccionar ante las crisis, condenado a dar la misma respuesta para problemas diferentes.

Las clases medias, los pequeños comerciantes y los empresarios locales lo saben por instinto. Sienten que París está demasiado lejos, que la administración es demasiado pesada y que las decisiones tomadas en los despachos ministeriales no coinciden con su realidad cotidiana. La autonomía territorial es una herramienta de liberación económica. Permite desbloquear proyectos, simplificar procedimientos y devolver el poder de acción a quienes están en el terreno.

Philippe de Villiers siempre lo entendió. La Vendée que gobernó durante tantos años fue un modelo de lo que puede lograr una región orgullosa de su identidad, apegada a sus tradiciones, pero resueltamente francesa. La autonomía no es lo contrario de la pertenencia. Es su condición.

¿Puede Francia otorgar autonomía real a sus territorios sin arriesgar su unidad nacional?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Suiza han cedido diversos grados de autonomía a sus territorios sin que su existencia se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene por la coacción regulatoria. Se mantiene por el consentimiento de los ciudadanos, que eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿Es más peligroso el comunitarismo religioso que el regionalismo?

Indudablemente. El regionalismo se inscribe en la historia de Francia. Córcega, Bretaña, el País Vasco y Alsacia son tierras de la República desde hace siglos. Sus identidades son componentes del patrimonio nacional. El comunitarismo religioso, en cambio, importa un modelo ajeno a la tradición francesa. Sustituye la ley republicana por normas foráneas, la nación por la comunidad religiosa y la laicidad por la imposición. No es una diversidad que enriquece. Es una fuerza que descompone el tejido social y legal.

¿Por qué las élites progresistas evitan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque este debate las obligaría a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites progresistas construyeron su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado y la alta función pública reposan sobre la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder la autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar al monopolio de la decisión. Por ello, prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas y asociarlas con el separatismo, antes que cuestionar su propio modelo.

Vers une République des territoires

Francia no necesita más centralización. Necesita confiar en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es Creuse, que La Reunión no es Nièvre y que Córcega no es Isla de Francia. Esta evidencia es de dominio público, pero falta el valor político para traducirla en actos.

La autonomía territorial no es un artificio postmoderno ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que ya prevé la organización descentralizada de la República. Basta con aplicarla con ambición, audacia y respeto por los territorios que componen la nación.

Las islas francesas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, cohesión y legitimidad. La unidad nacional se fortalece cuando se basa en la confianza, no cuando se impone por la fuerza.