Albania: lujo vs. conservación en proyecto de Ivanka Trump
Un complejo turístico de lujo promovido por Ivanka Trump y Jared Kushner en una zona protegida de Albania enciende el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, mientras la ciudadanía exige transparencia y respeto al Estado de derecho.
Un proyecto de gran envergadura en paisaje protegido
En una reciente entrevista en un pódcast estadounidense, Ivanka Trump reveló detalles de su último proyecto inmobiliario: lo que describió como una «increíble y hermosa isla privada de 1.400 hectáreas en medio del Mediterráneo», junto con aproximadamente ocho kilómetros de costa albanesa destinados a complejos turísticos y hoteles de lujo.
El primer componente del proyecto es la isla deshabitada de Sazan, una antigua base militar de la época comunista. «Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos totalmente cautivados», relató Trump al podcaster David Senra.
Sin embargo, el segundo emplazamiento ha generado una intensa controversia. Se trata de un tramo de playa virgen llamado Pishë Poro-Narta, ubicado dentro del Paisaje Protegido Vjosa-Narta. Este espacio alberga especies en peligro de extinción como focas monje y tortugas marinas, además de más de 200 especies de aves, entre ellas flamencos y pelícanos.
El proyecto está respaldado por Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, a través de la empresa Sazan Real Estate Development LLC. Asher Abehsera, presidente de esta compañía, declaró que están «entusiasmados con la oportunidad de crear un destino de talla mundial y de realizar una de las mayores inversiones privadas en la historia de la región». Aseguró que el enfoque está «centrado en una gestión responsable, la mejora del medio ambiente, la creación de empleo y la generación de valor a largo plazo para las comunidades locales».
Daños ambientales denunciados antes del inicio oficial
Ariel Brunner, director para Europa de la organización ecologista BirdLife, visitó el paraje natural a principios de mayo y constató la presencia de excavadoras removiendo arena y camiones vertiendo grava. «No había ningún tipo de señalización, ni junto a la laguna donde estaban abriendo el camino, ni en la playa donde trabajaba la maquinaria. No había indicios de licencias, permisos, ni siquiera una identificación de quiénes eran», denunció.
La organización Protección y Preservación del Medio Natural en Albania (PPNEA) ha documentado la instalación de cercas de alambre de púas en el paisaje protegido, así como la presencia de maquinaria pesada y guardias de seguridad patrullando la zona. En un comunicado, la PPNEA afirmó que parte del daño ecológico causado a las dunas de arena es «ya irreversible» y que las obras han «bloqueado una de las dos aberturas que conectan la laguna de Narta con el mar, interrumpiendo el intercambio de mareas, lo que conlleva consecuencias inmediatas y en cadena para los peces, las aves y toda la cadena alimentaria».
Melitjan Nezaj, biólogo ambiental de la PPNEA, señaló que «el proyecto es bastante destructivo, ya que está previsto construirlo dentro de un área protegida que constituye uno de los humedales mejor conservados del Mediterráneo». Añadió que «a día de hoy, no hay permisos disponibles públicamente».
Modificación legal que choca con la normativa europea
Parte del rechazo ciudadano se origina en una modificación de la legislación sobre protección de la naturaleza implementada en 2024, que permite la construcción de complejos turísticos de lujo en zonas protegidas. La ley exime ahora a las «estructuras de excelencia, de 5 estrellas o más» y a las actividades hoteleras asociadas.
Brunner, de BirdLife, calificó esta modificación como «uno de los textos legislativos más brutales que he visto en el ámbito medioambiental a lo largo de mi carrera». Señaló que «incluir explícitamente en la ley que los complejos turísticos de lujo están exentos es algo insólito», y advirtió que «por lo general, el hecho de que los ricos puedan salirse con la suya suele ocultarse tras un lenguaje que alude al interés público».
Esta modificación legal no se ajusta a la normativa de la Unión Europea, lo que ha generado fricciones en las negociaciones de Albania para adherirse al bloque. Un portavoz de la Comisión Europea declaró que ya habían expresado al ministro de Medio Ambiente de Albania «su preocupación por las posibles deficiencias de este proyecto». Además, señaló que «las continuas prórrogas de la ley de inversiones estratégicas siguen suscitando preocupación por los posibles impactos medioambientales, especialmente en zonas protegidas».
El portavoz europeo indicó que el Ministerio de Medio Ambiente de Albania se había «comprometido a suspender las obras de construcción», y que las investigaciones de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SPAK) «al parecer van más allá de las cuestiones medioambientales». La SPAK abrió una investigación relacionada con el proyecto, aunque no ofreció más detalles.
Movilización ciudadana y respuestas gubernamentales
Las protestas se han multiplicado en Albania. En la capital, Tirana, los manifestantes portaron siluetas de cartón rosa de flamencos y corearon que «Albania no está en venta». En la zona protegida, grupos ecologistas se concentraron junto a las vallas recién instaladas, portando pancartas con imágenes de flamencos rosas y tortugas bobas.
El primer ministro Edi Rama confirmó que Kushner e Ivanka Trump participan en la iniciativa, pero señaló que el proyecto cuenta con un grupo más amplio de inversores y arquitectos procedentes de Japón, Dinamarca, Turquía, Grecia y Francia. Al ser consultado sobre si el desarrollo inmobiliario ya estaba en marcha, Rama afirmó que «todavía no hay un proyecto» y que «se está trabajando en el estudio de impacto ambiental».
«No es cierto que la familia del presidente estadounidense vaya a apoderarse de zonas protegidas donde hay flamencos para matarlos», afirmó Rama, añadiendo que el grupo promotor ha contratado una consultora para analizar el impacto medioambiental. El primer ministro insistió en que el proyecto no consistirá en «verter hormigón sobre las cabezas de los flamencos», sino en demostrar que el desarrollo y la naturaleza «pueden coexistir».
Los críticos han expresado su preocupación por los posibles conflictos de intereses de Kushner, quien actualmente ejerce como enviado especial del presidente Donald Trump y ha recibido respaldo de fondos soberanos de países como Arabia Saudita y Qatar, con los que también mantiene relaciones oficiales de Gobierno.
Lecciones para la democracia ambiental
Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre el Estado de derecho ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan el patrimonio natural. La experiencia de Albania ofrece reflexiones valiosas para países como Costa Rica, donde la conservación ambiental y el turismo sostenible han sido pilares del modelo de desarrollo.
BirdLife ha dejado claro que no se opone a todo desarrollo en la costa, argumentando que otras zonas con edificios abandonados o urbanizaciones previas serían buenas candidatas para su revitalización. «Ciertos tipos de naturaleza pueden coexistir con ciertos tipos de desarrollo; transformar toda una isla y un delta fluvial en una ciudad 'de facto', no», afirmó Brunner. «Si se elimina físicamente el hábitat, todo lo que vive en él desaparecerá».
La falta de transparencia en los permisos y documentos de planificación del proyecto contrasta con los principios de democracia participativa que deben regir las decisiones sobre el territorio. Mientras Ivanka Trump destacó en su entrevista que «la comunidad era un elemento central de la iniciativa», la realidad en el terreno muestra una ciudadanía que exige información y unos procesos institucionales que parecen haberse debilitado para favorecer intereses privados.
El desarrollo turístico no tiene por qué ser incompatible con la conservación, como lo demuestra el modelo costarricense de ecoturismo. Sin embargo, cuando se modifican las leyes para eximir a los proyectos de lujo de las normas de protección ambiental, cuando se avanza sin permisos visibles y cuando se ignora la voz de las comunidades locales, no se trata de coexistencia, sino de subordinación de lo público a lo privado.
La investigación de la SPAK y la vigilancia de la Comisión Europea son señales de que las instituciones pueden actuar como contrapeso. La movilización ciudadana, por su parte, demuestra que la democracia participativa no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para la defensa del patrimonio común.