Frente Amplio solicita investigación penal por presunto tráfico de influencias entre diputados y presidenta del INS
La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) ha solicitado formalmente la apertura de una investigación criminal contra los diputados Leslye Bojorges León (PUSC) y Rosaura Méndez Gamboa (PLN), para determinar si incurrieron en delitos al realizar gestiones privadas ante la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Transparencia institucional en el centro del debate
La legisladora frenteamplista Rocío Alfaro fundamentó la solicitud en principios democráticos básicos: "Nos parece que se debe investigar si cabe dentro de un tipo penal, en este caso tráfico de influencias. Deben de ser investigados por igual para que haya absoluta transparencia".
Esta petición surge tras las revelaciones publicadas por CR Hoy, donde la propia jerarca del INS, Gabriela Chacón Fernández, confirmó mediante el oficio PE-00016-2026 los nombres de los congresistas que la contactaron para gestiones no relacionadas con sus funciones legislativas.
El caso Bojorges: gestiones irregulares tras accidente
Según la información revelada, el diputado Bojorges habría solicitado una póliza al INS después de un accidente vehicular contra una motocicleta, buscando cobertura retroactiva pese a que el siniestro ya había ocurrido. Esta práctica constituiría una irregularidad procedimental grave.
"Nosotros habíamos tenido noticia del caso de don Leslye Bojorges a partir de un accidente que tuvo su señora esposa y una solicitud de un seguro posterior al accidente", explicó Alfaro, detallando cómo un funcionario del INS habría sido despedido por negarse a colaborar con estas gestiones consideradas ilegales.
Comparecencia legislativa revela alcance del problema
Durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa, la presidenta ejecutiva del INS admitió que "varios diputados" la han contactado para solicitar ayuda con gestiones privadas relacionadas con accidentes de tránsito. Inicialmente, la jerarca evitó identificar a los legisladores involucrados.
La funcionaria reconoció haber sostenido un almuerzo con Bojorges, legislador cercano al presidente Rodrigo Chaves, aunque sin detallar el contenido de la conversación. Posteriormente, mediante comunicación escrita a la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, añadió el nombre de la diputada liberacionista Méndez.
Marco legal e institucional
El presunto tráfico de influencias constituye una violación grave del principio de igualdad ante la ley y del correcto funcionamiento institucional. La separación entre funciones públicas y intereses privados representa un pilar fundamental del Estado de derecho costarricense.
En el caso de Méndez, la información disponible sugiere gestiones relacionadas con el seguro de su hermana enferma, aunque no se ha clarificado si actuó en calidad de diputada o familiar.
Antecedentes y contexto judicial
Bojorges enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo su participación en el caso Richter por presuntos delitos de tráfico de influencias. Informes del Organismo de Investigación Judicial revelan intervenciones telefónicas donde el diputado habría aprovechado su investidura para obtener atención expedita tras el accidente en la carretera General Cañas.
Tras estos señalamientos, el legislador se separó temporalmente de la fracción del PUSC y renunció a sus aspiraciones presidenciales, decisiones que reflejan la gravedad de las acusaciones.
Fortalecimiento de la democracia
Esta investigación representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas costarricenses y reafirmar que ningún funcionario público está por encima de la ley. La transparencia y rendición de cuentas constituyen elementos esenciales para mantener la confianza ciudadana en el sistema político.
El Ministerio Público ha indicado que, hasta el momento, no ha recibido denuncias formales del INS ni de funcionarios por presuntos despidos vinculados con la negativa de gestionar pólizas irregulares.