Fallo de la CIDH contra Perú por esterilizaciones forzadas: un hito para los derechos humanos en América Latina
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un fallo histórico que responsabiliza al Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte de Celia Ramos, ocurrida en 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta sentencia, dictada el 5 de marzo de 2026, representa un avance significativo en la lucha por la justicia y la reparación para miles de víctimas de una política estatal que atentó contra los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente las más vulnerables.
El caso, que llegó a la CIDH tras décadas de lucha de las familias afectadas, pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la transparencia en la región. Para Costa Rica, un país que ha sido un baluarte de la paz y los derechos humanos, este fallo es un recordatorio de la importancia de mantener un Estado de derecho sólido y de proteger a las poblaciones más desfavorecidas.
¿Qué fueron las esterilizaciones forzadas en el Perú de Fujimori?
Entre 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori implementó un programa de planificación familiar que derivó en la esterilización forzada de más de 300.000 mujeres y alrededor de 25.000 hombres. Según el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estas personas fueron engañadas o presionadas para someterse a procedimientos quirúrgicos en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado.
Las víctimas, en su mayoría mujeres indígenas, rurales y de escasos recursos, no dieron su consentimiento informado. Muchas de ellas no sabían leer ni hablar español, lo que las hacía especialmente vulnerables a los abusos. Una víctima de Pichgas, Huánuco, relató que fue detenida en la calle por practicantes médicos en octubre de 1996, llevada a un centro médico y operada sin su consentimiento. Al despertar, le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”.
¿Quiénes fueron las víctimas mortales de estas políticas?
El caso más emblemático es el de Celia Edith Ramos Durand, quien falleció días después de una ligadura de trompas en 1997. Su hija, Marisela Monzón, que tenía solo 10 años en ese momento, llevó el caso ante la ONU en 2010. “En mi familia, ya después de casi tres décadas que mamá falleció, esperamos que se conozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia”, declaró Monzón.
Otra víctima mortal fue Mamérita Mestanza, una campesina que murió en 1998 tras la cirugía. El Estado peruano llegó a un acuerdo con su familia, pero la CIDH señaló que este no fue suficiente para reparar el daño causado.
¿Qué determinó la ONU y la CIDH sobre estos hechos?
En 2023, la justicia peruana reconoció que las esterilizaciones forzadas fueron una política pública, ordenando indemnizaciones y acceso a la salud para las víctimas. Un año después, en 2024, el CEDAW concluyó que estas prácticas constituyeron una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, afectando desproporcionadamente a mujeres indígenas, rurales y económicamente desfavorecidas.
El fallo de la CIDH en 2026 responsabiliza al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos y ordena impulsar una investigación que lleva dos décadas estancada en la justicia peruana. “Para nosotras, esta sentencia significa haber logrado la justicia”, dijo Marisela Monzón en conferencia de prensa. La abogada María Cedano, de la ONG feminista Demus, calificó el caso como “el primer caso de esterilizaciones forzadas que resuelve la Corte Interamericana”.
Un llamado a la reflexión para la democracia costarricense
Este fallo no solo es una victoria para las víctimas peruanas, sino también una lección para toda la región. En Costa Rica, donde la democracia y los derechos humanos son pilares fundamentales, este caso subraya la importancia de mantener instituciones fuertes, transparentes y comprometidas con la protección de los más vulnerables. La defensa del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción son esenciales para evitar que políticas abusivas como estas se repitan.
La comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU y la CIDH, sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan justicia. En un mundo donde los derechos humanos a menudo son vulnerados, fallos como este refuerzan la necesidad de un sistema judicial independiente y de una sociedad civil activa.