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Comisión legislativa analizará levantamiento de inmunidad de Chaves

La comisión especial del Congreso costarricense analizará este viernes el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en un proceso que podría tener importantes consecuencias institucionales.

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Sede de la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante sesión sobre inmunidad presidencial

La decisión sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, será analizada este viernes por una comisión especial del Congreso, en un momento crucial para la estabilidad institucional del país.

Proceso legislativo en marcha

La presidenta de la comisión especial, Andrea Álvarez, confirmó que junto a los otros dos miembros, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, evaluarán la cancelación del fuero tanto del mandatario como del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Ambos funcionarios enfrentan una acusación fiscal por presunta concusión, en un caso que ha generado considerable atención en la política costarricense.

Procedimiento y plazos establecidos

El proceso contempla los siguientes pasos clave:

  • Votación de la comisión el próximo lunes en sesión extraordinaria
  • Presentación ante la Asamblea Legislativa con derecho a defensa del presidente
  • Deliberación del Congreso con intervenciones limitadas a 15 minutos por diputado
  • Votación final que requiere un mínimo de 38 votos para aprobar el desafuero

Postura presidencial y contexto institucional

El presidente Chaves ha mantenido su posición de inocencia, reiterando el 22 de agosto que no teme al proceso ni renunciará a su fuero. Esta situación representa un desafío significativo para la gobernabilidad y las instituciones democráticas del país.

Una vez superado esto, el mandatario tendrá que retirarse para que inicie la deliberación del Congreso

Implicaciones legales

La acusación se fundamenta en el artículo 355 del Código Penal, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión por el delito de concusión. La Corte Suprema de Justicia ya aprobó el traslado de la denuncia penal al Congreso el pasado 1 de julio, marcando un precedente en la historia política reciente del país.