Senado chileno aprueba proyecto que permitiría conmutar penas a condenados por delitos de lesa humanidad
El Senado de Chile aprobó en general, por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra, un polémico proyecto de ley que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, presentada por senadores de derecha, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para el sistema de justicia y los derechos humanos.
Características del proyecto aprobado
El proyecto establece la posibilidad de que ciertos reclusos puedan cumplir sus condenas mediante reclusión domiciliaria total, sustituyendo el encierro carcelario por el confinamiento en el domicilio durante las 24 horas del día. La normativa contempla cuatro artículos que definen los principios y requisitos para acceder a este beneficio.
Entre los casos contemplados se encuentran internos enfermos cuando la privación de libertad les impida recuperarse o tratar adecuadamente enfermedades crónicas, personas con enfermedades incurables en período terminal, internos discapacitados cuya condición haga inadecuada la reclusión carcelaria, y personas mayores que hayan cumplido 80 años o más, considerando la suma de su edad real más los años efectivamente privados de libertad.
Argumentos a favor y en contra
Los defensores de la iniciativa argumentan que busca "humanizar" la situación de reclusos que sufren graves enfermedades y tienen edad avanzada. Sostienen que no se trata de impunidad, ya que no se extinguen las penas ni se anulan las condenas, sino que se establece un régimen alternativo de cumplimiento cuando el Estado no puede responder adecuadamente a las necesidades de estos internos.
Por el contrario, los opositores señalan que el proyecto contiene requisitos "laxos" que dejarían "la puerta abierta a la impunidad" para condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes graves como homicidio, parricidio y violación. Además, argumentan que la iniciativa contraviene tratados internacionales suscritos por Chile, incluyendo el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
Reservas de constitucionalidad
Tras conocerse el resultado de la votación, la senadora Yasna Provoste anunció que hará reserva de constitucionalidad, argumentando que la iniciativa incumple tratados internacionales. El senador Fidel Espinoza adhirió a esta propuesta, marcando una de las primeras acciones de coordinación de la futura oposición.
La senadora Claudia Pascual solicitó la apertura de un plazo para presentar indicaciones al proyecto, estableciéndose como fecha límite el lunes 16 de marzo a las 12 horas para que los legisladores puedan ingresar modificaciones.
Casos que podrían beneficiarse
El proyecto, que no distingue por tipo de delito, podría beneficiar a varios casos altamente conocidos. Entre ellos se menciona a Julio Pérez Silva, conocido como el psicópata de Alto Hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios, quien por su edad y deterioro físico podría optar al beneficio.
También podría calificar María del Pilar Pérez, conocida como La Quintrala, de 73 años y condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios. Asimismo, Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por delitos de secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura, podría solicitar el beneficio por edad y deterioro físico.
Próximos pasos
El polémico proyecto continúa su tramitación en general en el Senado, donde la Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe. De avanzar en el Senado, pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo.
Esta iniciativa plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la humanización del sistema penitenciario y la garantía de justicia para las víctimas de delitos graves, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante períodos de represión política.