Presidencia mantiene bloqueo a proyecto de licencias de cuido tras advertencias institucionales
El presidente Rodrigo Chaves Robles cumple una semana bloqueando en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.240, que busca subsidiar las licencias de cuido de pacientes terminales y menores con enfermedades graves, desafiando pronunciamientos de múltiples instituciones del Estado.
Contradicción entre poderes del Estado
La situación evidencia una preocupante contradicción entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. La Sala Constitucional dio lugar a al menos cinco recursos de amparo presentados por padres y madres, señalando que debe garantizarse el pago a quienes brindan este tipo de cuidados.
Paralelamente, la Contraloría General de la República contradijo la posición presidencial y confirmó la necesidad de aprobar el proyecto en segundo debate, al afirmar que "la legislación vigente impone limitaciones legales que solo pueden corregirse mediante una ley".
Recursos aprobados pero sin respaldo jurídico
La Caja Costarricense de Seguro Social aprobó el pasado miércoles 2.700 millones de colones destinados para este fin. Sin embargo, la asignación de los recursos requiere una reforma legal para obtener el aval de la Contraloría.
El propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que sí se necesita una reforma legal para girar fondos superiores al 0,5% del Fodesaf, contradiciendo la posición de su jefe.
Limitaciones técnicas del Fodesaf
Mediante el oficio CARTA-MTSS-DMT-DVAS-DESAF-1084-2025, la Dirección de Asignaciones Familiares comunicó formalmente a la CCSS la imposibilidad de asignar recursos adicionales. El documento detalla que "el Fondo opera con aproximadamente un 80% de su capacidad comprometida en asignaciones legales, quedando solo un 20% de margen operativo".
Llamado a la responsabilidad institucional
Las diputaciones del Frente Amplio han reiterado su llamado al Ejecutivo para convocar el proyecto. El diputado Jonathan Acuña Soto, proponente de la iniciativa, solicitó el viernes a la Contraloría que valore la posibilidad de aprobar los recursos sin la aprobación del proyecto, ante la negativa presidencial.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo institucional y respetar los pronunciamientos de los órganos técnicos del Estado para garantizar el funcionamiento efectivo de la democracia costarricense.
