Plan minero de Chile 2026-2030: lecciones de certeza jurídica
Chile enfrenta un desafío crucial en su sector minero. Aunque sigue siendo el principal productor mundial de cobre, el segundo de molibdeno y el tercero de litio, su producción de cobre se ha estancado. Actualmente, oscila entre 5 y 5,5 millones de toneladas anuales, e incluso muestra una leve caída. Este fenómeno ocurre en un contexto global donde la descarbonización, la electromovilidad y la inteligencia artificial impulsan una demanda récord de minerales estratégicos.
Desde una perspectiva institucional y jurídica, resulta esencial entender por qué una nación con tales ventajas comparativas sufre este desajuste. Las causas principales incluyen la creciente complejidad en la tramitación de permisos ambientales y sectoriales, caracterizados por plazos inciertos y duplicidades. A esto se suma la derogación de marcos legales que incentivaban la inversión, los niveles insuficientes de exploración y la menor ley de los yacimientos.
El Plan de Gobierno 2026-2030 y la búsqueda de institucionalidad
Para revertir esta situación, la administración del presidente Kast ha formulado el Plan de Gobierno para la Minería 2026-2030. Este plan, elaborado en conjunto con la industria y alineado con la Política Nacional Minera 2050, se articula en tres ejes fundamentales que buscan recuperar el potencial productivo del cobre chileno.
1. Promoción de inversiones y certeza jurídica
Invertir en minería requiere horizontes de décadas. Por ello, el primer eje propone un proyecto de invariabilidad tributaria diseñado para entregar confianza a quienes financian proyectos de largo plazo. Asimismo, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que simplifica y aporta certeza al régimen de patentes mineras. La seguridad jurídica es el pilar de cualquier modelo de desarrollo que busque atraer capital y fomentar la economía verde.
2. Modernización regulatoria para la agilización de proyectos
El segundo eje aborda la modernización regulatoria. El ministerio actualiza reglamentos clave, como los de Seguridad Minera y Ley de Cierre, para transformar ciertos permisos en técnicas habilitantes alternativas dentro de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. El objetivo es reducir tiempos, evitar duplicidades y aumentar la predictibilidad. Se trata de que los proyectos viables no queden entrampados en la burocracia estatal, un principio de buena gobernanza aplicable a cualquier sector productivo en nuestra región.
3. Fortalecimiento de la institucionalidad minera
El tercer eje promueve la modernización de las instituciones y empresas mineras del Estado. También busca dotar de mayor transparencia el uso de los recursos del royalty y favorecer la integración minera regional. En este contexto, se reactivó el tratado de integración minera con Argentina, lo que permitirá desarrollar proyectos que generen empleo y fortalezcan la infraestructura regional.
Lecciones para Centroamérica y el modelo democrático
El caso chileno ofrece lecciones valiosas para Centroamérica y específicamente para Costa Rica. La sostenibilidad del planeta y el avance tecnológico requieren de más minería a nivel global, pero la forma en que los países gestionan estos recursos define su desarrollo. El estancamiento productivo chileno demuestra que ni siquiera las naciones con mayores ventajas naturales pueden descuidar sus marcos institucionales.
La simplificación de permisos, la lucha contra la burocracia innecesaria y la garantía de transparencia en el uso de los recursos públicos son principios universales del Estado de derecho. Cuando la burocracia asfixia los proyectos viables, se pierden oportunidades de financiamiento para programas sociales, empleo y dinamismo regional. Destrabar la inversión, con estricto respeto ambiental y social, es una obligación cívica para mejorar las oportunidades de las familias.