MinTIC denuncia desvío de más de $7.200 millones en propaganda durante campaña electoral
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, revelaron que una revisión de la contratación del Sistema de Medios Públicos detectó millonarios contratos estatales destinados a propaganda en plena campaña presidencial de 2026. Se trata de aproximadamente 7.255 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que se usaron para servicios de pauta, plan y contenido digital.
Según el informe, un contrato con el Ministerio de Educación por 10.000 millones de pesos destinó 6.362.619.652 pesos a pauta y contenido digital entre junio y agosto de 2026. De ese monto, la empresa 3D Mobile (3DM SAS) recibió 1.364.619.653 pesos, y Prowess SAS, 4.997.999.999 pesos. Además, el Convenio Interadministrativo No. 390-2026, suscrito con el DAPRE por 1.500 millones de pesos, destinó 892.845.137 pesos a un plan digital entre marzo y agosto del mismo año.
La coincidencia entre estas fechas y el calendario electoral (primera vuelta el 31 de mayo y segunda el 21 de junio) genera interrogantes sobre los criterios para priorizar estos gastos frente a necesidades en educación y programas sociales de la Vicepresidencia. El MinTIC también detectó más de 1.051 contratos suscritos durante 2026 por un valor superior a los 100.000 millones de pesos, incluyendo 87 contratos adicionales firmados entre el 6 y el 7 de agosto, los últimos días del gobierno anterior, por cerca de 4.000 millones de pesos.
Ante estos hallazgos, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal de la entidad. La Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) prohíbe a las entidades públicas realizar contratación directa y celebrar convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, con el fin de evitar el uso de recursos estatales para favorecer campañas. El incumplimiento puede acarrear nulidad de contratos y sanciones disciplinarias, fiscales o penales. Hasta el cierre de esta edición, ni la Procuraduría ni la Contraloría se han pronunciado sobre el reporte.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, anunció que citará a la ministra Falla y a la gerente de Inravisión a un debate de control político, inicialmente motivado por la suspensión de 20 emisoras de paz y otras decisiones recientes. Toro recordó que estas emisoras son parte del Acuerdo de Paz de 2016 y que más de 467.000 personas podrían ver vulnerado su derecho a la información. También denunció que el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción sin vínculo contractual y que a periodistas indígenas solo se les permitía salir en cámara si vestían de civil, lo cual será parte del cuestionario en el marco del artículo 134A del Código Penal, que sanciona la discriminación.
Este debate se suma a los de otros cuatro ministerios citados a control político: Vivienda, por el polémico paseo a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto; Hacienda, para conocer las cifras que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella; Trabajo, para revisar desempleo, informalidad y empleo juvenil; y Justicia, para explicar el estado del sistema penitenciario.
¿Qué establece la Ley de Garantías y por qué es clave en este caso?
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, prohíbe a las entidades públicas realizar contratación directa y celebrar convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a las elecciones. Su objetivo es impedir que los recursos del Estado se utilicen para favorecer campañas electorales. El incumplimiento puede provocar la nulidad de los contratos y sanciones disciplinarias, fiscales o penales para los funcionarios responsables.
¿Qué acciones legales se han tomado hasta ahora?
Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal. Además, el representante Alejandro Toro anunció un debate de control político contra la ministra Falla y la gerente de Inravisión, que incluirá denuncias sobre discriminación y suspensión de emisoras de paz.
¿Cuál es el impacto en la transparencia y la confianza pública?
Este caso subraya la importancia de la transparencia en el uso de recursos públicos y el respeto a las normas electorales. La coincidencia de los contratos con el calendario electoral plantea serias dudas sobre la priorización de gastos, lo que afecta la confianza ciudadana en las instituciones. La investigación de los organismos de control será clave para determinar responsabilidades y garantizar que los fondos destinados a educación y programas sociales no se desvíen a fines políticos.