Juzgado ordena investigar a fiscales y jueces tras anular escuchas del caso Diamante
El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ha tomado una decisión trascendental que refuerza los principios del debido proceso en Costa Rica. Tras declarar ilegales las intervenciones telefónicas del caso Diamante, el juez Johnny Cerdas ordenó investigar penal y administrativamente a los funcionarios judiciales involucrados en las irregularidades procesales.
Anulación de pruebas principales
Las escuchas telefónicas constituían la principal base probatoria en esta investigación por supuesta corrupción entre la Constructora MECO S.A. y diversas alcaldías para la ejecución de obra pública. Su invalidación deja el expediente en una situación jurídica compleja, al borde del archivo.
La decisión judicial no solo anuló las intervenciones, sino también todas las pruebas derivadas de estas, incluyendo capturas, allanamientos, indagatorias y medidas cautelares impuestas a los imputados.
Investigación disciplinaria ordenada
El tribunal ordenó crear testimonios de piezas para remitir a la Inspección Fiscal del Ministerio Público y al Tribunal de la Inspección Judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades disciplinarias y penales de los funcionarios involucrados.
"Se emite el testimonio de piezas correspondiente ante la Inspección Judicial y la Inspección Fiscal para que determine si existe algún tipo de responsabilidad en cuanto a las actuaciones que se han desarrollado en la tramitación del presente proceso", indicó el juez Cerdas durante la audiencia.
Implicaciones para el Estado de derecho
Walter Brenes, abogado defensor de Alfredo Córdoba, valoró positivamente la decisión: "El juez en un ejercicio muy responsable solicita que se haga una investigación en relación con las actuaciones que sucedieron en el Ministerio Público y cómo es posible que un caso haya avanzado de esta manera".
Esta resolución subraya la importancia de la correcta aplicación de los procedimientos legales en el sistema judicial costarricense, especialmente en casos de alta sensibilidad pública como el presente.
Antecedentes del caso
El caso Diamante involucra a seis exalcaldes: Johnny Araya Monge (San José), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Alberto Cole De León (Osa) y Arnoldo Barahona Cortés (Escazú).
La investigación se hizo pública en noviembre de 2021 con un operativo de 40 allanamientos simultáneos dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Marco legal determinante
Un elemento crucial en esta decisión es que, al momento de los hechos investigados, las intervenciones telefónicas solo estaban autorizadas para casos de crimen organizado, no para delitos contra la función pública. El Tribunal Penal de Goicoechea había previamente anulado la declaratoria de crimen organizado, dejando sin sustento legal las escuchas realizadas.
Esta resolución representa un precedente importante para el fortalecimiento del debido proceso y la correcta aplicación de los procedimientos legales en el sistema judicial costarricense.
