Análisis: Segundo intento de desafuero presidencial marca momento decisivo para la institucionalidad democrática
El próximo martes 16 de diciembre, la Asamblea Legislativa enfrentará una decisión trascendental para el equilibrio institucional costarricense: determinar si procede levantar la inmunidad presidencial para permitir que el Tribunal Supremo de Elecciones investigue las denuncias de beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chaves Robles.
Esta segunda solicitud de desafuero adquiere particular relevancia tras el fracaso de la primera votación del 22 de septiembre, cuando se obtuvieron solo 34 votos afirmativos de los 38 requeridos constitucionalmente. El nuevo escenario político presenta modificaciones significativas en las posiciones legislativas que podrían inclinar la balanza hacia la aprobación.
Fundamentos jurídicos del procedimiento
La Comisión Especial encargada del análisis recomendó, por mayoría de dos votos contra uno, proceder con el levantamiento de la inmunidad. Las diputadas Alejandra Larios del Partido Liberación Nacional y Rocío Alfaro del Frente Amplio respaldaron la medida, mientras que el oficialista Daniel Vargas mantuvo su oposición.
La diputada independiente Cynthia Córdoba fundamentó su decisión en términos estrictamente institucionales: "Se trata de un asunto administrativo, no penal, y lo que hacemos es determinar si la información es suficientemente clara para que el Tribunal Supremo de Elecciones continúe con el proceso".
Reconfiguración del mapa legislativo
Las diputaciones independientes emergen como factor determinante en esta votación. Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero y Johana Obando han confirmado su respaldo al levantamiento del fuero, consolidando un bloque de apoyo que no existía en la votación anterior.
El diputado liberacionista Danny Vargas articula la posición de su sector con claridad institucional: "Respaldaré el levantamiento del fuero presidencial porque no implica culpabilidad, implica responsabilidad institucional".
El Partido Liberal Progresista, a través de Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos, mantiene su línea de apoyo al procedimiento, reforzando el principio de que ningún funcionario debe estar por encima del escrutinio institucional.
Posiciones partidarias y equilibrios políticos
La fracción de Nueva República, liderada por el candidato presidencial Fabricio Alvarado, mantiene su oposición al desafuero. Esta decisión cobra relevancia especial considerando los recientes gestos del presidente Chaves hacia esta bancada, incluyendo la inclusión de más proyectos legislativos en las sesiones extraordinarias y elogios públicos a Alvarado.
En el Partido Liberación Nacional, la tensión interna se centra en la diputada Carolina Delgado, quien en la votación anterior se apartó de la línea partidaria. Su posición actual permanece incierta, generando expectativa sobre la cohesión de la fracción verdiblanca.
El Partido Unidad Social Cristiana mantiene su división interna: cuatro diputados favorables al desafuero frente a cinco opositores, una fragmentación que ya provocó la expulsión de cinco legisladores de la campaña presidencial socialcristiana.
Procedimiento y garantías constitucionales
El procedimiento del 16 de diciembre seguirá el protocolo establecido constitucionalmente. La sesión plenaria especial iniciará a las 13:00 horas con la presentación del dictamen durante 30 minutos, distribuidos equitativamente entre los ponentes.
El presidente Chaves tendrá derecho a ejercer su defensa durante 30 minutos, aunque puede optar por no participar, como ocurrió en la primera votación. Posteriormente, se desarrollará un debate reglamentado de cuatro horas antes de proceder a la votación definitiva.
Implicaciones para la gobernabilidad democrática
Este proceso trasciende la figura presidencial para convertirse en una prueba de madurez institucional costarricense. La decisión legislativa establecerá precedentes importantes sobre los límites del poder ejecutivo y la vigencia de los mecanismos de control democrático.
La beligerancia política, como figura administrativa, requiere investigación transparente cuando existen indicios suficientes. El Tribunal Supremo de Elecciones, como garante de la pureza del sufragio, debe contar con las herramientas necesarias para ejercer sus competencias constitucionales.
La votación del próximo martes representará un momento definitorio para la consolidación del Estado de Derecho costarricense, demostrando que las instituciones democráticas funcionan independientemente de las personas que ocupan temporalmente los cargos públicos.