Competitividad nacional muestra avances modestos con brechas estructurales persistentes
El Índice de Competitividad Nacional (ICN) revela que Costa Rica ha mantenido durante el período 2021-2025 un desempeño competitivo limitado, oscilando entre 54 y 56 puntos sin superar el umbral de los 60 puntos que representaría un nivel medio competitivo.
Esta evaluación quinquenal expone tres características estructurales fundamentales de la competitividad costarricense que requieren atención prioritaria desde las instituciones públicas y la sociedad civil organizada.
Tecnologías de información impulsan el crecimiento
El pilar de tecnologías de información y comunicación (TIC) se consolidó como el principal motor del progreso competitivo nacional, explicando casi el 60% del avance total del índice durante los últimos cinco años.
Las telecomunicaciones experimentaron un crecimiento acelerado tanto en cobertura como en velocidad de conexión fija y móvil. Estos resultados confirman el impacto positivo de la apertura del mercado implementada en 2008 sobre la infraestructura digital nacional.
Sin embargo, este progreso tecnológico no ha sido acompañado por mejoras equivalentes en capital humano ni en gestión institucional, evidenciando un desarrollo sectorial más que integral.
Deterioro institucional preocupa a la democracia
En contraste con los avances tecnológicos, el pilar institucional muestra un deterioro sostenido que compromete los fundamentos democráticos del país.
Cinco de las seis dimensiones evaluadas (seguridad, capital social, trámites ágiles, transparencia municipal y sostenibilidad) registraron descensos acumulados, reflejando un debilitamiento preocupante del entorno institucional territorial.
La seguridad experimentó la caída más dramática con 13,6 puntos menos entre 2021 y 2025, representando el peor desempeño de todo el índice y comprometiendo la estabilidad social necesaria para el desarrollo económico.
Salud pública enfrenta retrocesos alarmantes
El sistema de salud también presenta señales de alarma con indicadores de mortalidad infantil en aumento y retrocesos en atención primaria que comprometen el bienestar ciudadano.
La cantidad de cantones con tasas superiores a 12 muertes por cada 1.000 nacidos vivos se duplicó, pasando de 12 en 2020 a 25 en 2024, evidenciando desafíos estructurales en la gestión pública y el financiamiento de servicios esenciales.
Educación: avances cuantitativos, brechas cualitativas
El sector educativo presenta una realidad dual que requiere intervención política integral. Entre 2020 y 2024 aumentó el porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años con secundaria completa, especialmente fuera de la Gran Área Metropolitana.
No obstante, siete de cada diez jóvenes en cantones rezagados como Matina, Garabito, Talamanca, Los Chiles y Río Cuarto no han terminado el colegio, perpetuando la desigualdad territorial.
A nivel nacional, el grupo de 25 a 34 años pasó de 22% con secundaria completa en 2021 a 33% en 2025. Sin embargo, el promedio de escolaridad de 7,9 años resulta insuficiente para una economía de servicios moderna.
Educación técnica como oportunidad estratégica
El crecimiento de la matrícula en colegios técnicos fuera de la GAM representa una señal alentadora. En cantones fronterizos, la matrícula en secundaria técnica aumentó de 22% a 31%, mientras que en cantones del interior creció de 30% a 37%.
Sin embargo, persiste la brecha de género en especialidades tecnológicas: por cada 10 hombres en carreras TIC hay solo 6 mujeres, limitando el aprovechamiento completo del talento nacional.
Perspectivas y desafíos institucionales
El puntaje nacional pasó de 54,5 en 2024 a 56,2 en 2025, un incremento de 1,7 puntos que representa más una recuperación estadística que una transformación estructural sostenida.
El ICN, elaborado desde 2021, evalúa seis pilares fundamentales: instituciones, infraestructura, adopción de TIC, salud, habilidades y competencias, y dinamismo de mercados, medidos através de 29 dimensiones y 125 indicadores cantonales.
Esta herramienta independiente busca diagnosticar las brechas territoriales que afectan la productividad y el desarrollo humano, ofreciendo insumos concretos para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y el fortalecimiento de la democracia participativa.
