Alta carga tributaria impulsa fuga petrolera hacia Venezuela
La reciente caída del 7,7% en las utilidades de Ecopetrol durante el primer trimestre de 2026 ha encendido los reflectores sobre la salud de la industria energética colombiana. La Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero (Asopetrol) ha emitido una alerta contundente. La combinación de una carga tributaria desproporcionada y la revaluación del peso estaría comprometiendo la competitividad del sector, lo que podría desencadenar una migración de empresas, servicios especializados y talento humano hacia Venezuela.
Factores fiscales sobre la rentabilidad energética
Según el análisis del sindicato, los resultados financieros de la petrolera estatal no derivan de deficiencias técnicas u operativas, sino de presiones estrictamente económicas y fiscales. La apreciación del peso frente al dólar restó cerca de 2,6 billones de pesos a los resultados corporativos. A esto se suma el incremento de la Tasa Efectiva de Tributación al 37,1%, una de las más elevadas en la historia reciente, que limita severamente la capacidad de inversión y deteriora la posición frente a otros mercados regionales.
Aunque Ecopetrol reportó un Ebitda de 13,5 billones y una producción cercana a los 725.000 barriles diarios equivalentes, la presión fiscal erosiona su rentabilidad. Un factor determinante en este incremento es un impuesto extraordinario al patrimonio cercano a 1,2 billones de pesos, el cual carece de deducibilidad y eleva significativamente la carga sobre el sector.
Riesgos para la competitividad y el Estado de derecho
El panorama plantea un dilema institucional y económico relevante para la región. La reactivación petrolera en Venezuela está generando una demanda de personal técnico y servicios que el mercado colombiano, asfixiado fiscalmente, podría terminar abasteciendo. No obstante, la migración de capacidades hacia un régimen con debilidades institucionales y limitaciones al Estado de derecho genera interrogantes sobre la sostenibilidad y seguridad de dichas inversiones a largo plazo.
Desde una perspectiva de respeto a las instituciones y la democracia participativa, la pérdida de talento humano y operativo representa un doble riesgo. Por un lado, el deterioro industrial nacional y, por otro, la exposición del capital humano a entornos regulatorios menos transparentes y garantías limitadas.