Agenda Ciudadana propone prohibir las terapias de conversión y reinstaurar el comisionado LGBTIQ+
La Coalición Agenda Ciudadana, que respalda la candidatura presidencial de Claudia Dobles, ha presentado una propuesta integral para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ que incluye la prohibición de las denominadas "terapias de conversión" y la reinstauración del Comisionado Presidencial LGBTIQ+.
Marco institucional y derechos fundamentales
Las terapias de conversión, según organismos internacionales de derechos humanos y entidades sanitarias especializadas, constituyen prácticas que se fundamentan en la premisa científicamente refutada de que la orientación sexual o la identidad de género pueden ser diagnosticadas, tratadas o modificadas mediante intervenciones psicológicas, médicas o religiosas.
El plan de gobierno de Agenda Ciudadana establece un marco comprehensivo para garantizar el acceso a servicios de salud integral e inclusiva. Entre las medidas propuestas destacan:
- Inclusión de personas no binarias en los protocolos de hormonización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Eliminación de requisitos patologizantes en el sistema sanitario
- Garantía de acceso oportuno a medicamentos antirretrovirales para personas con VIH
- Ampliación del acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) en regiones periféricas
Fortalecimiento de servicios especializados
La propuesta contempla el fortalecimiento de servicios de salud mental libres de estigmas y el desarrollo de protocolos específicos para la atención de personas adultas mayores LGBTIQ+, incluyendo aspectos como VIH en la vejez, salud mental y prevención de la discriminación en centros de cuidado.
Asimismo, se plantea capacitar al personal de los EBAIS y centros de larga estancia en derechos humanos y diversidad sexual, fortaleciendo así la institucionalidad democrática en el ámbito sanitario.
Reformas en el sistema educativo
En materia educativa, la iniciativa propone reactivar y fortalecer el protocolo del Ministerio de Educación Pública (MEP) contra el acoso escolar hacia personas LGBTIQ+, así como aprobar un protocolo de atención para la niñez y adolescencia diversa en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Estas medidas se enmarcan en el reforzamiento de programas de prevención de expulsión familiar y de acompañamiento integral, elementos fundamentales para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Institucionalidad y participación ciudadana
El plan incluye la reinstauración de la figura de la Persona Comisionada Presidencial LGBTIQ+ mediante decreto ejecutivo, con capacidad de coordinación interinstitucional, así como la reactivación del Comité Consultivo con participación activa de la sociedad civil.
Esta propuesta contempla además la formalización de convenios con organizaciones especializadas para ampliar la cobertura territorial y mejorar la atención a esta población, fortaleciendo así los mecanismos de democracia participativa.
Antecedentes normativos y jurídicos
El debate sobre las terapias de conversión tiene precedentes institucionales significativos en Costa Rica. En 2012, el Colegio de Profesionales en Psicología se pronunció categóricamente en contra de estas prácticas, estableciendo que la orientación sexual y la identidad de género no constituyen patologías ni pueden ser objeto de tratamiento clínico.
Posteriormente, en 2015, el Ministerio de Salud aprobó las Directrices Técnicas para la Promoción y Garantía del Derecho a la Salud de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, asegurando el acceso a servicios sanitarios sin discriminación.
En 2016 se aprobó la Norma Nacional para la Atención en Salud Libre de Estigma y Discriminación, que establece un enfoque despatologizante de la diversidad sexual y de género, consolidando así el marco normativo nacional.
Debate legislativo actual
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de ley expediente 20.970, que busca prohibir las terapias de conversión. La iniciativa ha encontrado oposición del diputado y candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, quien ha presentado múltiples mociones en su contra.
Alvarado argumenta que prácticas extremas como electrochoques o suministro forzado de medicamentos no ocurren en las iglesias del país, considerando la iniciativa como "malintencionada". Además, sostiene que el proyecto constituye una "ley mordaza" que limitaría la libertad religiosa y de conciencia.
Este debate refleja las tensiones inherentes en una sociedad democrática entre la protección de derechos fundamentales y las libertades individuales, requiriendo un análisis jurídico y constitucional riguroso que garantice el equilibrio institucional y el respeto al Estado de derecho.