TSE investiga presunta negociación de cargos públicos entre campaña de Laura Fernández y sector evangélico
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha iniciado una investigación de oficio sobre los presuntos ofrecimientos de curules legislativas, puestos en la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes y embajadas del Servicio Exterior realizados por la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y su candidata Laura Fernández al sector evangélico.
Marco legal e institucional de la investigación
La Dirección de Registro Electoral del TSE confirmó el inicio de una investigación preliminar, mientras que el partido Alianza Costa Rica Primero presentó una denuncia formal por estos hechos. Según explicó el asesor de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, ambos procesos buscan determinar si se violó el artículo 136 del Código Electoral.
Este artículo establece claramente que "es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas".
Proceso investigativo y sanciones
La investigación de oficio ha dado instrucciones a la Inspección Electoral del TSE para recopilar las pruebas necesarias, mientras que la denuncia de Alianza Costa Rica Primero se encuentra en fase de admisibilidad. En caso de comprobarse la violación, las sanciones contempladas van de 10 a 50 salarios base, equivalentes a un rango entre ¢4.622.000 y ¢23 millones.
Los hechos bajo investigación
El caso se originó tras conocerse que el Foro Mi País, brazo político de la Alianza Evangélica Costarricense, organizó una reunión privada entre pastores evangélicos y representantes de la campaña del PPSO. Participaron el pastor Reynaldo Salazar y Francisco Gamboa, jefe de campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia.
Durante esta actividad circularon panfletos titulados "¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?", donde se detallaban supuestos compromisos del gobierno actual y promesas de la candidata Fernández, incluyendo la asignación de curules legislativas y puestos en altas instituciones del Estado.
Respuesta institucional del sector evangélico
Tras la controversia, la Alianza Evangélica Costarricense se desmarcó públicamente del acuerdo, reafirmando su "carácter no partidario y neutralidad electoral conforme a nuestros estatutos y naturaleza histórica". La organización enfatizó que no posee filiación partidaria ni respalda candidatos específicos.
Diversas iglesias y organizaciones religiosas han repudiado estos hechos. La Federación de Vidas Abundantes emitió un comunicado aclarando que "no es adepta, promotora ni afiliada a ningún partido político, movimiento electoral o candidato", respetando la libertad individual de sus miembros para ejercer sus derechos ciudadanos.
Implicaciones para la democracia costarricense
Este caso pone de relieve la importancia de mantener la separación entre las instituciones religiosas y los procesos electorales, principio fundamental de nuestra democracia. El TSE, como garante de la transparencia electoral, debe asegurar que todas las campañas respeten el marco legal establecido y los principios de equidad en la competencia política.
La investigación en curso representa un ejercicio necesario de las instituciones democráticas para preservar la integridad del proceso electoral y el respeto a la diversidad de creencias en Costa Rica.
