Oficialismo admite error en reglamento que genera controversia con alcaldes por posible cesación de cargos
El oficialismo reconoció reparos al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, tras la inclusión de una disposición que podría configurar una causal de cesación de alcaldes. La controversia, que enfrentó al Gobierno con los alcaldes de Santiago y Lo Barnechea, fue calificada como un error corregible, aunque la Subsecretaría de Prevención del Delito defendió el texto enviado a la Contraloría General de la República.
¿Qué establece el artículo 8 del reglamento cuestionado?
El artículo 8 del documento ingresado por el Ejecutivo regula el deber de las municipalidades de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el nombramiento del director de seguridad pública municipal. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, el incumplimiento de estos deberes puede generar responsabilidad administrativa, que en el caso de un alcalde podría configurar la causal de notable abandono de deberes, figura ya establecida en la legislación vigente.
Los alcaldes Mario Desbordes (Santiago) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) cuestionaron públicamente la disposición. Desbordes la calificó como un error del Gobierno y advirtió que genera un halo de desconfianza entre el Ejecutivo y el municipalismo.
La Subsecretaría defendió el reglamento ante las críticas
Mediante un comunicado, la Subsecretaría de Prevención del Delito aclaró que la disposición no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes en la Ley Orgánica de Municipalidades. El organismo enfatizó que la causal de notable abandono de deberes está establecida en la legislación desde hace décadas y no es creada por el reglamento, aunque no anunció el retiro ni la modificación del documento.
Oficialismo reconoció reparos y posibles modificaciones
En El Primer Café de Cooperativa, el exdiputado de Renovación Nacional Luis Pardo afirmó que desde La Moneda le aseguraron que no se trata de una nueva causal, sino de la aplicación de la normativa general ante el incumplimiento de deberes. Pardo sostuvo que el documento todavía puede modificarse, pues recién fue enviado a la Contraloría, y que la controversia es algo perfectamente corregible que se soluciona con un oficio. No obstante, reconoció que es lamentable que se haya incorporado innecesariamente esa causal dentro del reglamento.
¿Por qué la oposición considera que es una torpeza política?
El presidente del PPD, Raúl Soto, calificó el episodio como una torpeza política mayor y un autogol del Ejecutivo con sus propios alcaldes. Soto advirtió que un reglamento no puede ir por encima de la ley ni de la Constitución, y que de mantenerse en esas condiciones corre el riesgo de enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad. Además, planteó dudas sobre si se trata de un error o de una estrategia deliberada para lograr ciertos objetivos.
El diputado republicano Alejandro Riquelme coincidió en que no corresponde que un reglamento abarque una materia tan delicada como la destitución de una autoridad elegida democráticamente, y subrayó que ese tema debe ser regulado por ley.
¿Qué impacto tiene esta controversia en el municipalismo?
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que el municipio es el eslabón más próximo a la base ciudadana desde el punto de vista del Estado y cuestionó la falta de diálogo dentro del propio oficialismo. Carmona advirtió que la controversia genera incertidumbre y debilita la institucionalidad municipal, afectando la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
¿Cuál es el camino para resolver esta controversia?
Según Luis Pardo, la solución es sencilla: un oficio que corrija la redacción del artículo 8 antes de su aprobación final. Sin embargo, la Subsecretaría no ha anunciado modificaciones, y la oposición advierte que, de mantenerse el texto, podrían presentarse cuestionamientos de constitucionalidad. El debate sigue abierto, mientras los alcaldes esperan una respuesta clara del Ejecutivo para disipar el halo de desconfianza generado.
Este episodio subraya la importancia del diálogo institucional y del respeto al principio de legalidad, pilares fundamentales de la democracia costarricense y de cualquier Estado de derecho.