EE. UU. inicia el mayor proceso de desnacionalización de su historia contra 40 inmigrantes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes la presentación de demandas civiles para retirar la ciudadanía a 40 personas naturalizadas, en lo que califica como el mayor esfuerzo de desnacionalización de la historia moderna del país. Los casos, interpuestos entre el 21 de agosto y el 2 de octubre ante distintos tribunales federales, afectan a ciudadanos de más de veinte nacionalidades y forman parte de la ofensiva de la Administración Trump contra quienes, según las autoridades, obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta.
Las acusaciones incluyen espionaje, homicidio, delitos sexuales, fraude fiscal y migratorio, matrimonios engañosos y el uso de identidades falsas. Es importante señalar que se trata de procesos civiles que aún deben resolverse ante los tribunales; las 40 personas no han perdido la ciudadanía en este momento.
¿Qué delitos se imputan a los acusados de desnacionalización?
El fiscal general, Todd Blanche, explicó en un comunicado que los demandados ocultaron información crucial al Gobierno estadounidense y son responsables de graves delitos. Entre los casos más destacados figuran dos personas de origen chino acusadas de espionaje, un británico condenado por pornografía infantil y varios latinoamericanos señalados por homicidio, lavado de dinero y fraude migratorio.
Casos de latinoamericanos en la lista de desnacionalización
La lista incluye a 11 personas de origen mexicano, dos cubanos, un colombiano, un peruano y una venezolana. Entre ellos destaca el caso de Johyce Martinez, de origen venezolano, quien según la demanda ingresó a Estados Unidos en 2006 con un registro de nacimiento cubano falso y obtuvo la residencia permanente amparándose en la Ley de Ajuste Cubano, hasta conseguir la ciudadanía en 2013.
También figura Norma Patricia Esparza, mexicana de 52 años, acusada de ocultar durante su naturalización su participación en un homicidio voluntario por el que fue condenada posteriormente. La única colombiana incluida es Yusmary Shirley Durán Mejía, de 47 años y residente de Hialeah (Florida), quien obtuvo la ciudadanía en 2018 pese a estar involucrada en una trama de lavado de dinero y fue condenada en 2020.
Espionaje y delitos sexuales: los casos más graves
Jinchao Wei, de origen chino, ingresó a la Marina estadounidense en 2021 y obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022 mediante un procedimiento especial para miembros de las Fuerzas Armadas. Según el Departamento de Justicia, Wei había comenzado a conspirar meses antes para entregar información militar a China. Fue hallado culpable en agosto de 2025 y sentenciado a 200 meses de prisión.
El segundo caso de espionaje corresponde a Ping Li, quien se declaró culpable en 2024 de actuar como agente del Gobierno chino sin notificarlo. Proporcionó durante años información al Ministerio de Seguridad chino sobre disidentes y activistas prodemocracia en Estados Unidos.
El británico Iain Lumsden, de 50 años, fue condenado a nueve años de prisión federal por transportar pornografía infantil. El Gobierno sostiene que ocultó esa conducta durante el proceso de naturalización, cuando declaró bajo juramento que no había cometido ningún delito.
¿Cuál es el alcance de la estrategia de desnacionalización de la Administración Trump?
Las 40 demandas profundizan una estrategia que el Departamento de Justicia ha acelerado en los últimos meses. En junio presentó acciones contra 17 ciudadanos naturalizados y en julio anunció otras 10. El 3 de agosto, la dependencia aseguró que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca había presentado 123 casos civiles de desnacionalización, la cifra más alta registrada hasta el momento.
¿Qué implicaciones tiene este proceso para el derecho a la ciudadanía?
Este tipo de procesos civiles de desnacionalización representa un tema de relevancia para el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales. La ciudadanía es un estatus jurídico de especial protección en los sistemas democráticos, y su revocación requiere de un debido proceso que garantice el derecho de defensa de los acusados. Los casos deberán ser resueltos por los tribunales federales, que evaluarán las pruebas presentadas por el Gobierno.
La transparencia en los procesos migratorios y el respeto al Estado de derecho son pilares fundamentales de las democracias liberales. Este tipo de acciones, aunque buscan sancionar el fraude, también plantean interrogantes sobre los límites del poder estatal frente a los derechos adquiridos de los ciudadanos naturalizados.